Repudiamos la derogación de la ley de Medios Audiovisuales

Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén repudiamos el aval al decreto 267/15 que reforma la ley 26.522 y llamamos a los trabajadores y trabajadoras de prensa de defender nuestra Ley de Medios, porque el derecho a informar y ser informado está consagrado en la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, porque la comunicación social es un derecho y no tiene nada que ver con las telecomunicaciones, y porque la única forma de lograr una democracia pluralista e inclusiva es permitiendo la pluralidad de voces.

La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida popularmente con Ley de Medios, es una norma que fue ampliamente debatida y que nació allá por 1983 luego de que Raúl Alfonsín asumiera como el primer presidente del retorno a la democracia. Fue impulsada por la Coalición por una Comunicación Democrática, que estaba integrada por organizaciones sociales, radios comunitarias, sindicatos de prensa, trabajadores de prensa y algunos políticos.

Durante más de dos décadas se discutieron las mejores alternativas y modelos para tener una norma que sea democrática, pluralista y federal, que impida el discurso único y la concentración mediática que comenzó a sentirse en los 90 con la aparición de la televisión por cable y las FM que transmitían en redes.

Durante su gobierno Alfonsín modificó el decreto ley 22.285 de la dictadura, que establecía el marco regulatorio para los medios, y autorizó el ingreso de las FM.

En el menemismo se privatizaron canales y radios AM, se lanzaron nuevas licencias de FM a privados y se autorizaron la aparición y la fusión de los cables. Recién con Néstor Kirchner se permitió que las radios comunitarias (ongs cuyo objetivo no es la rentabilidad económica) pudieran tener licencias, aunque también durante su gobierno se legalizó la mayor fusión de dos operadoras de cables: Cablevisión y Multicanal, creando así el mayor monopolio mediático de la argentina.

El debate sobre una nueva ley de medios continuó hasta 2008, cuando Cristina Fernández aceptó la propuesta de la Coalición y abrió el debate popular para elaborar una norma que contenga a todos los intereses. Un año y 24 audiencias públicas después, el proyecto ingresó en el Congreso, donde la oposición pudo hacer modificaciones. Finalmente, en octubre de 2009 se sancionó la Ley de 26.522, que comenzó a aplicarse en 2010. Esta norma se convirtió en un referente mundial sobre la regulación democrática y plural de los medios audiovisuales, siendo utilizada como modelo en varios países de América y Europa.

Entre sus puntos principales buscaba que se abrieran más medios locales para que los vecinos de las ciudades del interior pudiesen tener su propia información y no sufrieran la nacionalización de noticias locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto permitiría que cientos de medios audiovisuales en todo el país permitieran a miles de trabajadores de prensa poder ejercer su profesión con dignidad y libertad y gozar de un convenio colectivo y una escala social acorde.

Es cierto que este objetivo no se cumplió, en parte por la pelea judicial que montó el Grupo Clarín para no desprenderse de sus activos (se excedía considerablemente en el número de licencias de radios y cables que tenía en todo el país, aunque podía quedarse con 24 operadoras de cable y cerca de una docena de radios) y en parte por la decisión política de la conducción de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que debía hacer aplicar la ley. Pero se debió hacer cumplir la ley, no derogar los artículos que favorecen a los grandes grupos hegemónicos mediáticos (y en particular a Clarín).

El miércoles, el oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación y sus bloques satélites (Frente Renovador, Bloque Justicialista o partidos provinciales, entre ellos el MPN) ratificó el decreto 267/15 que crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) modifica la Ley de Medios y la de Argentina Digital y disuelve los organismos autárquicos Afsca y Aftic, anulando así la pluralidad de voces, avanzando hacia censura, violando la libertad de expresión, eliminando la participación de provincias, las facultades y los pueblos originarios y aumentando la concentración económica y territorial de los holidings mediáticos.

Gracias a esta derogación de una parte de la ley, hoy, los canales y radios no están obligados a tener programación propia y pueden estar conectados en red con radios de Buenos Aires sin ningún tipo de límites. Esto, elimina puestos de trabajo de periodistas, locutores, operadores, técnicos, camarógrafos, editores, sonidistas, iluminadores, escenógrafos, maquilladores, vestuaristas, músicos, artistas, escritores, productores, guionistas y un montón más de profesiones vinculados a las radios y los canales.

Es por ello que desde el Sindicato de Prensa de Neuquén repudiamos el aval al decreto 267/15 que reforma la ley 26.522 y llamamos a los trabajadores y trabajadoras de prensa de defender nuestra Ley de Medios, porque el derecho a informar y ser informado está consagrado en la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, porque la comunicación social también es un derecho y no tiene nada que ver con las telecomunicaciones, y porque la única forma de lograr una democracia pluralista e inclusiva es permitiendo la pluralidad de voces.
Flavio Luis Ramírez

Secretario General

Sindicato de Prensa de Neuquén